El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha adelantado la aprobación de una iniciativa parlamentaria a nivel autonómico que, posteriormente, será planteada en el Congreso de los Diputados, instando al Gobierno de España a que se pongan en marcha el 100% de las desalinizadoras construidas en el Levante.
Así lo ha avanzado este miércoles desde Valdepeñas (Ciudad Real) el presidente del Ejecutivo regional, después de que este martes la Comisión Técnica de Explotación del Trasvase Tajo-Segura diera el visto bueno a una triple derivación desde los embalses de Entrepeñas y Buendía al Levante de 60 hectómetros cúbicos en total para los meses de abril, mayo y junio.
El presidente regional ha explicado asimismo que esta iniciativa parlamentaria dejará la puerta abierta a que, cuando la vía de la desalinización no llegue a cubrir la demanda a la que actualmente atiende el trasvase Tajo-Segura, éste pueda ser usado de manera “excepcional”. Con todo, ha matizado, dicha demanda podría ser cubierta a día de hoy, por ejemplo, si se usara al completo la capacidad de la desalinizadora de Torrevieja (Alicante).
Del mismo modo, el presidente de Castilla-La Mancha se ha mostrado dispuesto a apoyar la aprobación de una “tarifa plana” y ser “el primero en defender” un acuerdo a nivel nacional para que las comunidades levantinas paguen el agua desalinizada al mismo precio que el agua del trasvase.
Al hilo de estas declaraciones, el presidente regional ha calificado de “insulto a toda Castilla-La Mancha” la propuesta de la comisión técnica que este martes dio vía libre para aprobar tres trasvases consecutivos de 20 hectómetros cada uno para los meses de abril, mayo y junio.
García Page ha hecho hincapié en que “en lugar de estar pensando en guardar el agua para los meses de sequía, están intentando aprovecharlo de la peor manera posible”. Así mismo ha criticado que el Gobierno de España “no haya aprendido la lección” después de los muchos meses de sequía por los que ha atravesado el país, máxime cuando las predicciones indican que 2019 volverá a ser un “año duro” desde el punto de vista climatológico y para los intereses hidráulicos de regiones como Castilla-La Mancha o las comunidades del Mediterráneo.
