Viuda de Joaquín Ortega demanda al Ayuntamiento por el acuerdo plenario en el que la corporación aprobó por unanimidad, el traslado total de la empresa en un plazo de 18 meses.

La empresa Viuda de Joaquín Ortega ha recurrido mediante demanda a lo acordado en el pleno del Ayuntamiento del 21 de febrero de 2017 en el que la corporación aprobó por unanimidad, el traslado total de la empresa a la Carretera de Barrax en un plazo de 18 meses.

Así lo ha informado hoy el concejal Juan Luis Íñiguez que, se ha detenido en varios de los puntos que componen los 29 folios de demanda presentada por la empresa para pedir la nulidad del acuerdo plenario.

Ha comenzado informando que en ella la empresa insiste en la nulidad del acuerdo plenario por ausencia de procedimiento administrativo, falta de informes técnicos y medioambientales que demuestren la contaminación, además de asegurar que la empresa cumple con las normativas medioambientales con respecto a las emisiones contaminantes.
También dicen sentirse sorprendidos de que la corporación en su totalidad aprobara el acuerdo plenario para darles un plazo de 18 meses, hasta diciembre de 2018, para hacer efectivo el traslado total de la industria. En este sentido Juan Luis Íñiguez dice que la empresa no se puede sorprender porque el acuerdo viene a cumplir una razón de justicia reclamada por unanimidad de todo el pueblo.

La demanda también dice que el acuerdo plenario no está justificado en ninguna normativa municipal. Según Juan Luis Íñiguez, no hace falta tener una normativa municipal ya que hay ya una nacional y autonómica y está avalada también por la jurisprudencia de los tribunales que ya se han pronunciado en otras ocasiones con respecto a problemas como el vivido en la localidad con la industria alcoholera.
Juan Luís Íñiguez también ha informado que en la demanda, la empresa califica como “un regalo” la recalificación en 2004, de 136.000 metros cuadrado del Polígono Eras de Santa Lucía de los que 85.000 fueron destinados a suelo industrial para que la empresa se trasladara.

El concejal responde que no se trata de regalar si no de que a demanda de la ciudadanía, se aprobó la reconversión de terreno rústico en industrial para el traslado de la empresa. En su opinión, con ello lo que la empresa deja entrever es que el Ayuntamiento hizo negocio con ello.

La demanda también hace alusión a la llegada de la empresa hace 40 años a su ubicación, cuando el Barrio San Antón no tenía apenas población y nunca había habido problemas. Pero en la actualidad, señala el concejal, se trata de un barrio con mucha densidad de vecinos que se encuentran al lado de estas instalaciones que dice, está realizando una actividad insalubre.

También ha informado el concejal que en la demanda la empresa afirma haber emprendido acciones judiciales contra algunos miembros de la corporación “por lesionar los intereses legítimos como empresa”. Juan Luis Íñiguez asegura no haber recibido ninguna notificación de demanda por lo que pide al resto de concejales que informen si algunos de ellos sí lo han recibido.

Según la demanda, dice que el acuerdo plenario no tiene argumentos sólidos para exigir el traslado aprobado, sólo presunciones y elucubraciones, diciendo Juan Luis Íñiguez que «como si fuera un problema inventado por los políticos para hacerles injustamente trasladarse». A esto el concejal responde que no es ninguna ocurrencia de la corporación sino que el acuerdo está basado en cuestiones de justicia por todo un barrio.
Dicha demanda también asegura que la empresa nunca ha manifestado su intención de trasladarse en las reuniones que han mantenido con el Ayuntamiento. Íñiguez desmiente esta información asegurando que en dichas reuniones hablaban del traslado como prioridad, estando como testigos técnicos de medioambiente, representantes de la empresa y parte técnica.
Según Juan Luís Íñiguez, con lo escrito en esta demanda queda claro que la intención de la empresa es no llevar a cabo el traslado, al contrario que lo hablado en las reuniones mantenidas.

Según la demanda Íñiguez dice que también señalan que el Ayuntamiento “comete abusos” con la empresa, “manteniendo una actitud caciquista y que roza lo delictivo”. Otro punto que según Juan Luis Íñiguez demuestra que la realidad va en contra de lo que se expone en las reuniones mantenidas con la empresa.
Examinada la demanda y los acontecimientos, el concejal entiende que la empresa no quiere trasladarse a pesar la recalificación de terrenos del año 2004, de que han renunciado a más 3 millones de euros de subvenciones para cambiar la ubicación de la empresa y a pesar de que la voz del pueblo es unánime para hacerlo efectivo.

Por último ha informado que los abogados que trabajan con el Ayuntamiento en este caso contestarán a esta demanda aportando pruebas y normativas, y ha enviado al pueblo de Villarrobledo un mensaje tranquilizador asegurando que la ciudad está bien defendida por estos abogados.